El exfiscal federal de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, fue condenado a seis años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, tras ser hallado culpable de tráfico de drogas en la modalidad de comercio, agravado por haber sido cometido por un funcionario público. La sentencia, dictada por los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco, ordenó su detención, aunque Cantaro permanece en libertad hasta que el fallo quede firme, en línea con el criterio judicial de mantener la condición de libertad hasta la resolución definitiva.

La investigación, que se inició en 2018, reveló que Cantaro colaboró con una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas, liderada por su sobrino Sebastián Gauna San Millán y Facundo Texido, ya condenado en 2020. Las pruebas incluyeron escuchas telefónicas, seguimientos de inteligencia y testimonios que evidenciaron el encubrimiento y la facilitación de actividades ilícitas por parte del exfiscal. En una de las escuchas, Gauna se presentó como sobrino del fiscal federal ante el 911, sugiriendo respaldo institucional, mientras que otras conversaciones mostraron la coordinación de compras y ventas de drogas.

El proceso judicial fue extenso y complejo, con una absolución inicial que fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, lo que llevó a un nuevo juicio y la condena actual. El fiscal federal Gabriel González Da Silva, quien impulsó la investigación, destacó que la colaboración de Cantaro fue clave para el accionar de la banda y que la sentencia, aunque menor a la solicitada por la fiscalía, es "razonable". Da Silva expresó que "no me pone contento que a un colega se le atribuya semejante delito", pero valoró la respuesta institucional.

Cantaro, por su parte, ha sostenido que no descarta que lo sucedido tenga relación con su labor como fiscal, aunque no se considera víctima de persecución. El fallo también le prohíbe ejercer funciones públicas por diez años. El caso ha generado debate en el ámbito judicial y político local, y se espera que la defensa recurra la sentencia ante Casación. Una vez firme el fallo, se reactivarán investigaciones sobre filtraciones que habrían beneficiado a la banda. El impacto institucional y la discusión sobre la responsabilidad de funcionarios públicos en delitos graves continúan siendo temas centrales en Bahía Blanca.