La disputa por la herencia de Beatriz Sarlo, fallecida en diciembre de 2024, ha sumado un nuevo capítulo tras la decisión de la Cámara Civil de apartar al juez Carlos Goggi y reincorporar a Alberto Sato, primer marido de la escritora, como heredero. La medida revoca la exclusión previa de Sato, quien había sido dejado fuera de la sucesión por estar separado de hecho de Sarlo desde hacía más de 50 años, aunque nunca se divorciaron legalmente. La Cámara consideró que la decisión del juez fue "prematura" y sin el debido análisis de fondo, por lo que ordenó su revisión.

El proceso sucesorio se ha visto complicado por la aparición de Melanio Meza, encargado del edificio donde vivía Sarlo, quien presentó dos cartas manuscritas que, según afirma, le otorgan el departamento de la escritora y el cuidado de su gata Niní. Estos documentos, fechados y firmados en 2024, podrían ser considerados testamentos ológrafos si se comprueba su autenticidad mediante pericia caligráfica. Sin embargo, la Justicia aún debe determinar si las expresiones contenidas en las cartas constituyen una cesión patrimonial efectiva o solo una manifestación de voluntad informal.

La falta de herederos forzosos —Sarlo no tenía hijos, padres, hermanos ni sobrinos vivos— abre la posibilidad de que, en caso de invalidarse el testamento y excluirse a Sato, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires reclame la herencia como vacante. El patrimonio en disputa incluye no solo el departamento en Caballito, sino también el legado intelectual de Sarlo, lo que ha generado preocupación en el ámbito cultural sobre el destino de su obra y archivos.

Expertos en derecho sucesorio y allegados a la escritora han señalado la importancia de una adecuada planificación patrimonial y la formalización de testamentos públicos para evitar disputas y proteger el legado cultural. El caso Sarlo, que ha captado la atención pública y mediática, pone en evidencia las carencias institucionales en la custodia del patrimonio cultural argentino y la necesidad de reformas legales que garanticen su preservación y acceso.

Mientras la Justicia avanza en la resolución del caso, el debate sobre la protección del patrimonio personal y cultural en Argentina sigue abierto, con el riesgo de que el legado de figuras como Sarlo quede atrapado en prolongados litigios o se disperse fuera del país.