El juicio por el programa Fútbol para Todos, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2010 y 2015, avanza hacia su etapa final. El fiscal general Miguel Ángel Osorio solicitó condenas leves para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, mientras que pidió la absolución de otros exfuncionarios y administradores del programa.

Según la acusación, el Estado habría sufrido un perjuicio superior a los 131 millones de pesos debido a maniobras fraudulentas y desvío de fondos vinculados a contratos entre la Jefatura de Gabinete, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa Iveco. El fiscal pidió tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para Fernández, y ocho meses de prisión en suspenso para Capitanich, además de condenas leves para exdirigentes de la AFA, Futbolistas Argentinos Agremiados y empresarios relacionados.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó que los acusados reintegren el dinero desviado, actualizado a valores actuales, en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y la AFA. La Auditoría General de la Nación detectó irregularidades en los contratos, pagos en especie y omisión de mecanismos de contratación pública.

Jorge Capitanich, uno de los principales acusados, rechazó el alegato fiscal y lo calificó como "infundado, inconsistente y conjetural", atribuyendo la acusación a motivaciones políticas. "Pretender que la Jefatura de Gabinete controlara el destino de los fondos una vez transferidos a la AFA es absurdo", afirmó Capitanich, quien también denunció que el proceso busca "mancillar su nombre y ensuciar una política pública legítima".

El tribunal oral federal fijó la próxima audiencia para el 8 de septiembre, cuando será el turno de las defensas. El caso ha generado debate sobre la responsabilidad estatal en el control de fondos públicos y el impacto de políticas como Fútbol para Todos, que buscaba democratizar el acceso al deporte y fortalecer la economía de los clubes. Sin embargo, la investigación judicial sostiene que los clubes aumentaron sus deudas y no cumplieron con sus obligaciones fiscales, mientras que parte de los fondos habrían sido desviados a empresas financieras intermediarias.

El desenlace del juicio podría sentar precedentes sobre la administración de recursos públicos y la transparencia en programas estatales de gran alcance.