El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) irrumpió en la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires, generando un fuerte impacto en el clima político nacional. La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, reveló una supuesta red de corrupción en la compra de medicamentos, con la presunta participación de figuras cercanas al gobierno como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

Según los audios difundidos, el esquema ilegal habría implicado el desvío de entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales en coimas, afectando directamente los fondos destinados a prestaciones para personas con discapacidad. Spagnuolo fue desplazado de su cargo por decreto presidencial, mientras la Justicia federal investiga el caso bajo secreto de sumario, realizando peritajes a teléfonos y grabaciones de los involucrados.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Desde el peronismo, el principal candidato a diputado, Itaí Hagman, destacó la cercanía de Spagnuolo con el presidente Milei y exigió explicaciones públicas. La legisladora Graciela Ocaña calificó el hecho como "muy doloroso" y advirtió sobre el riesgo que la corrupción representa para la salud de los argentinos. Por su parte, el radicalismo y la izquierda también repudiaron el silencio oficial y pidieron avanzar con la investigación judicial.

En respuesta, el gobierno nacional implementó un operativo de defensa pública, con declaraciones de Martín Menem y Lule Menem negando cualquier vinculación con las contrataciones de ANDIS y denunciando una "burda operación política" por parte del kirchnerismo. El Ministerio de Salud intervino el organismo y designó a Alejandro Vilches como interventor para recolectar datos y colaborar con la Justicia.

Analistas políticos advierten que, aunque no es el primer escándalo de corrupción en la gestión actual, la magnitud del caso y su proximidad a las elecciones podrían influir en la decisión de los votantes independientes y modificar el escenario electoral. Sin embargo, desde el oficialismo confían en que el efecto negativo no será determinante y apuestan a que la economía y la polarización política prevalezcan en la opinión pública.

El caso ANDIS se suma a otros episodios recientes y pone en evidencia la tensión entre la lucha por la transparencia y la dinámica electoral, en un contexto de fragmentación de la oposición y desafíos para el gobierno en mantener su imagen y respaldo social.