El Gobierno nacional oficializó la derogación del cargo de "Embajador de la Cultura Popular Argentina" que ostentaba el historiador Norberto Galasso desde 2014. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 692/2025 y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior Lisandro Catalán, se enmarca en una política de austeridad y reducción del gasto público.

Galasso, de 89 años, había sido designado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en reconocimiento a su extensa trayectoria como ensayista y divulgador de la historia argentina desde una perspectiva revisionista. El cargo, que también había sido ocupado por la actriz Isabel Sarli, tenía rango y salario de subsecretario, aunque no implicaba funciones operativas ni estructura organizativa formal dentro de la Secretaría de Cultura.

Según el texto oficial, la decisión responde a la necesidad de "implementar medidas orientadas a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común". El Gobierno argumentó que la figura honorífica suponía un gasto permanente sin tareas concretas asignadas, por lo que su eliminación forma parte de una revisión más amplia de cargos simbólicos en la administración pública.

La derogación generó críticas en el ámbito cultural y político. Norberto Galasso denunció que la medida constituye una "persecución" por parte del Gobierno y expresó su preocupación por la pérdida de su único ingreso, ya que había renunciado a su jubilación al asumir el cargo. "Ahora estoy sin jubilación y sin cobrar este ingreso", declaró a Página 12, y agregó que la decisión no le fue comunicada oficialmente.

Diversos intelectuales y figuras del sector cultural repudiaron la medida en redes sociales, considerándola un retroceso en el reconocimiento estatal a referentes históricos y sociales. El Gobierno, por su parte, sostiene que la decisión responde exclusivamente a criterios de eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

El caso reabre el debate sobre el rol del Estado en la promoción de la cultura y la legitimidad de figuras representativas financiadas con fondos públicos. La eliminación del cargo de Galasso sienta un precedente respecto a futuros reconocimientos honoríficos y plantea interrogantes sobre el alcance de las políticas de austeridad en el ámbito cultural.