La designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa de la Nación ha marcado un hito en la historia reciente de la democracia argentina. Por primera vez desde 1983, un militar en actividad asumirá la conducción de la cartera, una decisión que ha generado un amplio debate político, legal y social.

El nombramiento, impulsado por la Secretaría General de la Presidencia, fue recibido con entusiasmo en el Ejército, aunque generó sorpresa y algunas reservas en la Armada y la Fuerza Aérea. Distintas fuentes atribuyen la decisión a la relación directa entre Presti y Karina Milei, secretaria general y hermana del presidente, quien habría valorado la gestión de Presti al frente del Ejército y su acercamiento a la sociedad civil.

Oscar Aguad, exministro de Defensa, calificó la medida como "un error" y advirtió que la ley prohíbe que militares en actividad ocupen cargos políticos. "Presti debería pasar a retiro para evitar confusiones institucionales", sostuvo Aguad, quien además remarcó la importancia de mantener la distinción entre la conducción política y la operativa de las Fuerzas Armadas. Por su parte, César Milani, exjefe del Ejército, respaldó la designación de un militar en Defensa, aunque expresó su desacuerdo con la orientación liberal del designado y advirtió sobre la crisis salarial y de obra social que atraviesa el sector.

Entre los desafíos inmediatos que enfrentará Presti se destacan la crítica situación de la obra social militar Iosfa, que acumula una deuda de $200.000 millones y un déficit mensual de $10.000 millones, y la histórica demanda de equiparación salarial con las fuerzas de seguridad. La crisis de Iosfa afecta a unos 600.000 afiliados, con recortes en prestaciones para pacientes oncológicos y crónicos.

El gobierno, a través de un comunicado oficial, reivindicó la designación de un militar como ministro de Defensa y dio "por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados". Sin embargo, organismos de derechos humanos y sectores de la oposición han manifestado su preocupación por el posible retroceso en la subordinación militar al poder civil.

El futuro de la conducción militar y la modernización de la Defensa serán temas clave en la agenda del nuevo ministro, quien deberá proponer a su sucesor en el Ejército y definir si habrá cambios en las jefaturas de la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto. El debate sobre la legalidad y conveniencia de la medida, así como la resolución de los problemas estructurales del sector, marcarán el inicio de esta nueva etapa en la política de defensa argentina.