A pocos días de que venza el plazo judicial, Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad aún no han depositado los fondos que la Justicia exige como reparación al Estado. El Tribunal Oral Federal N°2 fijó como fecha límite el 13 de agosto para que los acusados, entre ellos la expresidenta, Lázaro Báez y José López, restituyan más de 530 millones de dólares, equivalentes a 684.990 millones de pesos según los peritajes oficiales. Hasta el momento, ninguna suma ha sido transferida a la cuenta especial habilitada en el Banco Nación.

La sentencia, dictada en diciembre de 2022 y confirmada por la Corte Suprema en junio pasado, condenó a Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. El fallo también ordenó el decomiso solidario de bienes, incluyendo propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, el sur del país y sociedades comerciales vinculadas a los condenados. Entre los inmuebles embargados figuran departamentos en el complejo Madero Center y otras 24 propiedades, algunas de las cuales fueron donadas a los hijos de la exmandataria, Máximo y Florencia Kirchner. Sin embargo, existe debate jurídico sobre la posibilidad de ejecutar estos bienes, dado que la donación se realizó antes de las medidas cautelares y la denuncia penal.

De no concretarse el pago voluntario antes del 13 de agosto, la Justicia avanzará con la subasta pública de los bienes embargados. En paralelo, una acordada reciente de la Corte Suprema habilitó la opción de destinar parte de los inmuebles decomisados a oficinas judiciales, archivos o programas sociales, priorizando áreas como educación, salud y asistencia a víctimas. Esta medida busca dar un uso institucional a los bienes, en caso de que no se logre su venta inmediata.

El caso Vialidad expuso un esquema de direccionamiento irregular de contratos de obra pública en Santa Cruz, favoreciendo al empresario Lázaro Báez y generando un perjuicio millonario al Estado. La condena a Kirchner representa un hito judicial y se suma a otros procesos de alto perfil contra exfuncionarios kirchneristas. En los próximos días, se definirá el destino de los bienes y el avance de las ejecuciones, mientras persiste la discusión jurídica sobre el alcance del decomiso y la validez de las donaciones patrimoniales.