El hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984, en el barrio porteño de Coghlan, Buenos Aires, ha reabierto una investigación judicial que conmueve a la sociedad argentina. El caso, que permaneció sin resolver durante más de cuatro décadas, tomó un giro inesperado en mayo de 2025, cuando obreros que trabajaban en la medianera de una vivienda encontraron 151 fragmentos óseos enterrados a poca profundidad.

La vivienda donde se produjo el hallazgo pertenece a la familia de Cristian Graf, excompañero de colegio de la víctima y principal sospechoso en la causa. Graf, de 58 años, fue imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia, luego de que el fiscal Martín López Perrando reuniera testimonios de obreros y excompañeros que lo vinculan con maniobras para ocultar el crimen. "Las manifestaciones de Norberto Cristian Graf resultan no solo absolutamente inverosímiles, sino que denotan un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar", sostuvo el fiscal en su dictamen.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos mediante análisis de ADN, confirmando que pertenecían a Diego Fernández Lima, quien tenía 16 años al momento de su desaparición. Junto a los restos se hallaron objetos personales que permitieron situar el crimen en la década de 1980. La familia de la víctima, que nunca dejó de buscarlo, expresó su dolor y exigió justicia. "Quiero la pena máxima. Ya sé que 41 años después, es durísimo", declaró Javier Fernández Lima, hermano de Diego, en una entrevista televisiva.

El caso ha generado un debate público sobre la prescripción de delitos graves y la necesidad de reformas legales, como la propuesta "Ley Diego", que busca evitar la prescripción en casos de desaparición y homicidio. El abogado de Graf negó cualquier vínculo entre su defendido y la víctima, mientras que el fiscal sostiene que existen indicios claros de voluntad de ocultamiento y entorpecimiento de la investigación.

La repercusión mediática, impulsada en parte por la vinculación casual de la vivienda con el músico Gustavo Cerati, movilizó a excompañeros y vecinos, quienes se sumaron al reclamo de justicia. El proceso judicial continúa, con la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se avance en políticas reparatorias para casos similares.