Con el inicio de julio de 2025, los argentinos enfrentan una nueva serie de aumentos en servicios y tarifas reguladas que impactan directamente en el costo de vida. El Gobierno nacional, a través de resoluciones oficiales, dispuso subas en las tarifas de luz y gas de aproximadamente 2% para usuarios residenciales y empresas, justificando la medida en la necesidad de reducir subsidios y equilibrar las cuentas públicas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el agua y las cloacas aumentan 1%, mientras que los combustibles registran un alza del 3,5% en YPF y hasta 5% en otras petroleras, influenciadas por la volatilidad internacional del precio del crudo.

El transporte público también se encarece: los boletos de colectivo en CABA y provincia de Buenos Aires suben 3,5%, y el subte alcanza casi los $1.000. Las empresas de telecomunicaciones aplican incrementos de hasta 5% en servicios de cable e internet, en línea con la inflación y el aumento de costos operativos. En el sector salud, las prepagas ajustan sus cuotas entre 1,2% y 2,65%, dependiendo de la empresa.

La educación privada no queda exenta: los colegios con subsidio estatal en CABA y provincia de Buenos Aires aumentan sus cuotas entre 2,4% y 4,2%. Por su parte, los inquilinos con contratos bajo la vieja ley de alquileres afrontan un incremento anual del 66,11%, el más bajo en tres años debido a la desaceleración inflacionaria. Los nuevos contratos, en cambio, se actualizan trimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Gobierno argumenta que estas medidas son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del sistema energético y reducir el déficit fiscal. Según datos oficiales, el precio estacional de la energía eléctrica se duplicó en el último año, y la cobertura de costos por parte de los usuarios pasó del 39% al 67%. Además, la reducción de subsidios permitió un ahorro estatal del 64% en el primer cuatrimestre de 2025.

Sin embargo, asociaciones de consumidores y especialistas advierten sobre el impacto de estos aumentos en el poder adquisitivo y la inflación, aunque reconocen una tendencia a la moderación de los precios. El panorama económico sigue marcado por la tensión entre la necesidad de ajuste fiscal y la protección del ingreso familiar, en un contexto de volatilidad internacional y cambios en la regulación de servicios clave.