La disputa por la herencia de la reconocida ensayista Beatriz Sarlo ha escalado en complejidad y atención pública en Buenos Aires. Tras su fallecimiento en diciembre de 2024, la sucesión de sus bienes enfrenta a su exmarido, Alberto Sato, y al portero del edificio donde residía, Melanio Meza López, quien presentó dos cartas manuscritas que, según afirma, fueron firmadas por Sarlo antes de su muerte.

En estos documentos, fechados en junio y agosto de 2024, Sarlo habría expresado su voluntad de dejarle a Meza López tanto su departamento en Caballito como la custodia de su gata Niní. Sin embargo, la autenticidad de las cartas está siendo sometida a peritaje caligráfico, y su validez legal como testamento ológrafo es objeto de debate judicial.

La causa experimentó un giro cuando la Cámara Civil apartó al juez Carlos Goggi, quien había excluido a Sato del proceso sucesorio por considerar que la pareja estaba separada de hecho. Los camaristas consideraron que esta exclusión fue prematura y ordenaron reincorporar a Sato como potencial heredero, dado que, legalmente, seguía casado con Sarlo. El expediente pasó por varios juzgados y actualmente está a cargo de la jueza Cecilia Kandus.

El Código Civil argentino establece que el cónyuge no divorciado es heredero forzoso, aunque exista separación de hecho, y que solo un tercio de los bienes puede ser dispuesto libremente por testamento si hay herederos forzosos. En este contexto, la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue solicitada para el caso de que no existan herederos directos.

El caso ha generado controversia en el ámbito cultural y legal, con amigos de Sarlo denunciando que el portero habría dispuesto de bienes sin autorización judicial. La situación pone en relieve la importancia de la planificación sucesoria y la claridad en la expresión de la última voluntad, especialmente en figuras públicas de relevancia.

Mientras la Justicia avanza en el análisis de los documentos y la definición de los herederos legítimos, el caso de Sarlo se convierte en un ejemplo paradigmático de los desafíos legales y personales que pueden surgir tras la muerte de una figura pública sin una planificación sucesoria clara.