La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la condena de 25 años de prisión al ex sacerdote Justo José Ilarraz, quien había sido hallado culpable de abusar sexualmente de siete menores en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, Entre Ríos, entre 1988 y 1992. El máximo tribunal, con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, consideró que los delitos habían prescripto antes de que se presentara la denuncia penal en 2012, por lo que dispuso el sobreseimiento del acusado.

La decisión judicial se fundamentó en que el plazo de prescripción de 12 años establecido en el Código Penal no puede ser modificado, incluso ante hechos de extrema gravedad. "El fallo apelado se apartó de la solución legal prevista para el caso mediante la creación judicial de una nueva categoría de delitos imprescriptibles no sustentada en razón válida alguna", señalaron los jueces en la sentencia. Además, argumentaron que solo los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles según la legislación argentina.

El caso Ilarraz había generado conmoción en la sociedad argentina. Las víctimas, que tenían entre 12 y 15 años al momento de los hechos, denunciaron primero ante la Iglesia y luego, ya adultos, ante la justicia penal. En 2018, Ilarraz fue condenado por corrupción de menores y abuso deshonesto agravados. En diciembre de 2024, el Papa Francisco lo expulsó del sacerdocio.

La resolución de la Corte Suprema provocó fuertes reacciones. El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, anunció que impulsará una reforma para declarar imprescriptibles los delitos sexuales. Organizaciones de derechos humanos y víctimas expresaron su indignación y reclamaron justicia. Por su parte, la expresidenta Cristina Kirchner criticó duramente al máximo tribunal por la decisión.

El fallo reavivó el debate sobre la prescripción de los delitos sexuales en Argentina. Si bien en 2011 y 2015 se aprobaron leyes que amplían los plazos de prescripción, estas no son retroactivas y no aplican al caso Ilarraz. La discusión sobre la necesidad de reformas legales para evitar la impunidad en casos de abuso sexual a menores vuelve a estar en el centro de la agenda pública.