El Gobierno argentino avanza en el análisis de una profunda reforma previsional que podría transformar el sistema jubilatorio nacional. Según fuentes oficiales y documentos presentados por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la iniciativa contempla la eliminación de regímenes especiales, como los de las fuerzas armadas, seguridad, cajas provinciales y profesionales, así como pensiones no contributivas. Estos regímenes representan actualmente el 55% del gasto previsional, aunque sólo cubren al 40,3% de los beneficiarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene en estudio el informe de CIPPEC, que propone reducir el gasto previsional a la mitad, llevándolo al 4,8% del PBI. El documento destaca que el gasto previsional bajó de 12,1% del PBI en 2020 a 8,8% en 2024, pero se proyecta que volverá a aumentar a 9,4% en 2025 debido a la movilidad y renovación de beneficiarios. Actualmente, el sistema cubre a 9,7 millones de personas, de las cuales más del 85% no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse bajo el régimen general.

La reforma prevé una suba gradual de la edad jubilatoria, en línea con la mejora en la salud de la población, pero sin afectar derechos adquiridos. Además, se propone dejar de aprobar nuevos regímenes de excepción, decidir cuáles deben mantenerse y establecer reglas claras de financiamiento. Entre los cambios sugeridos se incluye la eliminación del mínimo de 30 años de aportes, la creación de un componente universal similar a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) y la habilitación del ahorro previsional voluntario.

El impacto fiscal de estos cambios sería neutro en el corto plazo, pero permitiría un ahorro significativo a largo plazo. Los principales beneficiarios serían trabajadores con menos de 30 años de aportes, monotributistas y quienes postergan el retiro, mientras que los perdedores serían empleados públicos provinciales, docentes y quienes se retiran a la edad mínima.

La reforma se inscribe en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y responde a la necesidad de mayor equidad y sostenibilidad fiscal. El sistema actual es calificado por CIPPEC como "caro, injusto e ineficiente", y la fragmentación de regímenes genera desigualdades y tensiones fiscales. La propuesta cuenta con consenso entre especialistas y una parte de la oposición, aunque algunos sectores podrían verse perjudicados. El Gobierno asegura que no se afectarán derechos adquiridos de los trabajadores actuales, mientras continúa el debate sobre el futuro del sistema previsional argentino.