La investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) continúa generando repercusiones en el ámbito político y empresarial. El caso, que involucra a directivos de la droguería Suizo Argentina y funcionarios públicos, se originó tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que se describe un supuesto mecanismo de corrupción en la compra de medicamentos.

En el marco de la causa, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron el secuestro de teléfonos celulares de los principales investigados, entre ellos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, accionistas de Suizo Argentina, y Spagnuolo. Sin embargo, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) informó que no ha sido posible abrir el celular de Emmanuel Kovalivker, un Samsung de última generación, debido a limitaciones tecnológicas. La empresa israelí Cellebrite, proveedora de herramientas forenses, confirmó que actualmente no existe tecnología disponible para acceder al dispositivo.

Por otro lado, el celular de Spagnuolo sí pudo ser abierto, aunque se detectaron mensajes borrados cuyo contenido no pudo ser determinado. Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, eludió los allanamientos y entregó su celular días después, también sin clave, lo que dificulta el acceso a la información. Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, fue indagado por presunta obstrucción a la Justicia, tras ser acusado de facilitar la huida de Jonathan Kovalivker durante los procedimientos policiales.

Los allanamientos realizados en Nordelta permitieron incautar 266.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo, además de registros de cámaras de seguridad y documentos de interés para la causa. Asimismo, se dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los investigados, con el objetivo de rastrear movimientos financieros que pudieran estar vinculados a los presuntos sobornos. Se bloqueó el acceso a cajas de seguridad y se prohibió la salida del país a los involucrados.

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, negó las acusaciones y denunció una "operación electoral". Milei declaró públicamente: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

La causa sigue abierta y la Justicia espera avances tecnológicos para acceder a más información digital, mientras continúa el análisis de los movimientos financieros y patrimoniales de los implicados. El caso mantiene en vilo al Gobierno y podría tener implicaciones políticas y judiciales de gran alcance en los próximos meses.