El triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela conmocionó a la sociedad argentina y desató una fuerte controversia política. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió al caso en declaraciones públicas, subrayando que la investigación está bajo secreto de sumario y que la principal responsabilidad recae en la Policía de la provincia de Buenos Aires, con apoyo de fuerzas federales.

Bullrich criticó la politización del caso y rechazó la interpretación de que se trate de un crimen de género, señalando que "banalizar esto y plantear si es o no un tema de género es de una bajeza y poca seriedad total y absoluta". La funcionaria remarcó que el accionar del narcotráfico no distingue víctimas y que la metodología utilizada responde a prácticas mafiosas. Además, destacó la vigencia de la Ley Antimafia, que permite imputar a todos los integrantes de una organización criminal con la misma condena, y pidió su aplicación si se confirma el perfil narco de los responsables.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, publicó un comunicado atribuyendo el crimen a una banda narco internacional con base operativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que fue calificado por Bullrich como "ridículo" y una forma de deslindar responsabilidades. La ministra insistió en que la información disponible es escasa y que es necesario actuar con prudencia en la transmisión de datos sensibles.

El caso también generó reacciones de organizaciones feministas y políticas, como La Cámpora, que realizaron marchas y criticaron la eliminación de políticas de prevención y erradicación de la violencia de género. Bullrich respondió que la tasa de femicidios es más alta en la provincia de Buenos Aires, aunque a nivel nacional los casos disminuyeron en el último año.

La investigación continúa en manos de la justicia bonaerense, mientras el debate sobre la inseguridad, el narcotráfico y las políticas de género sigue abierto. El triple crimen expone la necesidad de cambios estructurales en zonas históricamente afectadas por el crimen organizado y plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de prevención y seguimiento en la provincia.