El gobierno de Córdoba ha declarado la emergencia en la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) por un período de 30 días, tras el incendio que afectó su sede central en barrio Güemes, Córdoba. El siniestro, ocurrido el pasado 18 de abril, ha generado una serie de medidas excepcionales para garantizar la continuidad de los servicios de salud que presta la obra social provincial.

El decreto de emergencia, publicado en el Boletín Oficial, permite la implementación de protocolos transitorios y la suspensión de plazos administrativos por 10 días hábiles, prorrogables según la evolución de la situación. Según las autoridades, el incendio ha dificultado el acceso a documentación física y digital, lo que afecta la operatividad de la institución. Sin embargo, se asegura que los servicios a los afiliados están garantizados a través de un esquema de contingencia que incluye atención en el hospital Raúl Ferreyra y un call center.

El evento ha desatado un intenso debate político. La oposición, liderada por bloques como el Frente Cívico y la UCR, ha solicitado informes detallados sobre las causas del incendio y su posible relación con actos de corrupción que ya son materia de investigación judicial. Legisladores opositores han señalado que el siniestro ocurrió días después de las detenciones de 13 personas, entre ellas policías y un ex empleado de APROSS, en el marco de una causa por defraudación calificada contra la obra social.

Por su parte, el oficialismo ha rechazado las acusaciones de encubrimiento y ha defendido su gestión. El presidente del directorio de APROSS, Pablo Venturuzzi, aseguró que las pruebas relacionadas con las investigaciones judiciales no se vieron afectadas por el incendio, ya que se encuentran resguardadas en áreas no dañadas del edificio. Además, destacó que las denuncias de fraude fueron presentadas por la propia institución.

Mientras tanto, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 5 y la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba continúan con las pericias para determinar las causas del incendio. Según el Ministerio Público Fiscal, se están analizando filmaciones y tomando declaraciones testimoniales en el marco de una investigación que permanece bajo secreto de sumario.

El incendio ha puesto en evidencia las tensiones políticas en la provincia, con la oposición calificando el hecho como de gravedad institucional y exigiendo mayor transparencia en la gestión de APROSS. En respuesta, el oficialismo ha acusado a sus detractores de utilizar el siniestro con fines políticos. Se espera que los resultados de las pericias arrojen luz sobre las causas del incendio y contribuyan a esclarecer las dudas planteadas por diversos sectores.