El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de las fuerzas federales de seguridad, en el marco de la emergencia pública y bajo las facultades delegadas por la Ley Bases. Los decretos, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, afectan a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Entre los principales cambios, la PSA amplía su alcance operativo más allá de los aeropuertos, pudiendo intervenir en otros medios de transporte y tareas de seguridad interior. Además, se crea un nuevo escalafón técnico-profesional, se incorpora la figura del cadete y se establece un sistema disciplinario con control externo y tribunal de conducta. El SPF, por su parte, es transferido del Ministerio de Justicia al de Seguridad, con un nuevo estatuto que moderniza su estructura y refuerza su rol en la lucha contra el crimen organizado, incluso desde el interior de los penales.

La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval también ven actualizadas sus leyes orgánicas, con la derogación de normativas vigentes desde los años 60 y 70. Se reorganizan jerarquías, se refuerzan las tareas de control fronterizo y marítimo, y se habilita la actuación en el ciberespacio para combatir delitos complejos como el narcotráfico y el terrorismo. En el caso de la Prefectura, se unifican competencias en materia de pesca, control ambiental y sistema guardacostas.

El Gobierno argumenta que estas reformas buscan optimizar recursos, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una respuesta más eficiente ante los desafíos de la criminalidad actual. Las fuerzas tendrán 90 días para presentar proyectos de adecuación interna. Sin embargo, sectores de la oposición han cuestionado la falta de debate parlamentario y advierten sobre posibles riesgos de discrecionalidad y control insuficiente sobre las nuevas facultades otorgadas a las fuerzas.

Las reformas consolidan la conducción civil de las fuerzas federales y formalizan su separación de la órbita militar, en línea con estándares internacionales. El proceso, según fuentes oficiales, está pensado como un cambio de largo plazo para adaptar el sistema de seguridad argentino a los desafíos del siglo XXI.