La provincia de Santa Fe dio un paso fundamental en la reforma de su Constitución, tras la aprobación de los primeros dictámenes definitivos por parte de la Convención Constituyente. El plenario, que sesionó durante más de diez horas, sancionó los textos sobre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las cláusulas transitorias que consolidan la base de la futura Carta Magna provincial.

Uno de los cambios más relevantes es la habilitación de la reelección del gobernador y vicegobernador por un solo período consecutivo, una posibilidad que estaba vedada por el texto constitucional anterior. La cláusula transitoria, aprobada por 45 votos a favor y 22 en contra, permite al actual mandatario, Maximiliano Pullaro, competir por un nuevo mandato en 2027. La votación reflejó una fuerte división entre oficialismo y oposición, con críticas centradas en el supuesto beneficio inmediato para el gobernador en ejercicio.

La reforma también elimina la reelección indefinida para todos los cargos provinciales, limita los privilegios parlamentarios y modifica los requisitos de edad y residencia para legisladores. Además, se amplía el período de sesiones ordinarias y se refuerza la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas periódicamente ante la Legislatura. El nuevo texto constitucional garantiza la paridad de género en las cámaras y establece que los fueros parlamentarios solo se mantendrán para la inmunidad de opinión, no de proceso.

Durante el debate, el gobernador Pullaro destacó que "se termina con los privilegios y las reelecciones indefinidas", y subrayó el carácter moderno y transparente de la reforma. Por su parte, sectores opositores cuestionaron la falta de consenso y apertura, señalando que el proceso priorizó intereses políticos sobre demandas ciudadanas. "Este cambio abre la puerta a un beneficio inmediato para el actual gobernador y eso no es sano institucionalmente", expresó uno de los convencionales opositores.

La reforma constitucional de Santa Fe se inscribe en un contexto de modernización institucional y responde a demandas históricas de distintos sectores sociales y políticos. El debate sobre la paridad de género y la edad mínima para legisladores evidenció tensiones y posturas encontradas, pero finalmente se impuso la voluntad mayoritaria de avanzar hacia una Constitución más acorde a los tiempos actuales. Las implicaciones futuras de estos cambios serán observadas de cerca por la ciudadanía y los actores políticos, en un escenario que promete nuevos desafíos para la provincia.