El Gobierno argentino se encuentra en la etapa final de una investigación sobre presunta cartelización en el sector de la medicina prepaga, que involucra a siete de las principales empresas del rubro. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) analiza si OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico acordaron aumentos tarifarios tras la liberación de precios decretada por el DNU 70/2023, medida implementada al inicio de la gestión de Javier Milei.

Según la denuncia presentada por diputados de la Coalición Cívica, los aumentos de cuotas alcanzaron cerca del 40% en enero de 2024, afectando a casi el 65% de los afiliados del sistema. Los legisladores solicitan una multa superior a 220 mil millones de pesos, argumentando que los incrementos no se corresponden con variables macroeconómicas ni con la estructura de costos de cada empresa. "La disparidad de estructuras de costos destruye la tesis de una convergencia casual de los aumentos", sostienen en su alegato, citando diferencias significativas en gastos de farmacia y otros rubros entre las compañías involucradas.

Por su parte, las empresas acusadas rechazan la imputación de cartelización y afirman que los aumentos responden al retraso en la actualización de cuotas y a esquemas de costos similares, lo que habría derivado en coincidencias tarifarias. Una fuente del sector describió la situación como "una espada de Damocles", en referencia a la amenaza de una sanción económica sin precedentes.

El expediente incluye la mención de una reunión de la Unión Argentina de Salud en diciembre de 2023, donde se habría discutido la implementación del DNU 70/2023, considerada por los denunciantes como posible evidencia de coordinación. Además, el proceso contempla devoluciones previas a los afiliados por cobros excesivos, ordenadas por la Superintendencia de Servicios de Salud.

La CNDC ha recibido los alegatos de todas las partes y deberá analizar los argumentos y pruebas antes de emitir una resolución, cuyo plazo límite es de 60 días, aunque la Secretaría de Comercio no ha definido una fecha exacta para el fallo. De confirmarse la cartelización, los afiliados afectados podrían iniciar demandas individuales en la Justicia civil para reclamar indemnizaciones, según explicó el diputado Hernán Reyes.

Este caso se desarrolla en un contexto de reformas y tensiones en el sistema de salud argentino, con implicaciones que podrían modificar la relación entre reguladores, empresas y usuarios en el futuro.