El Gobierno nacional dispuso una modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2025, a través del Decreto 425/2025 publicado el 24 de junio. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, responde a la emergencia económica vigente y a la falta de una ley de presupuesto sancionada por el Congreso, lo que obliga a realizar ajustes por decreto para garantizar la continuidad de servicios esenciales.

El decreto redistribuye más de $36.500 millones, priorizando áreas consideradas críticas como salud, seguridad, educación y defensa. Entre los principales beneficiarios se encuentran hospitales de alta complejidad, como el Hospital Garrahan, que atraviesa un conflicto salarial, así como el Hospital El Cruce y otros centros de referencia. El Ministerio de Salud recibirá fondos adicionales para sostener gastos salariales, equipamiento, medicamentos e insumos médicos. También se refuerzan partidas para la Agencia Nacional de Discapacidad y subsidios por hemofilia y pensiones no contributivas.

En materia de seguridad y defensa, se incrementan los haberes del personal de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, lo que implica un refuerzo presupuestario para jubilaciones, retiros y pensiones. La Secretaría de Educación también verá incrementado su presupuesto para atender la política salarial de los sectores docentes y no docentes de las universidades nacionales. Además, la ANSES recibirá recursos adicionales para el pago de prestaciones previsionales y la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional.

El decreto contempla la transferencia de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad Nacional y la incorporación de saldos remanentes por la venta de un inmueble en el exterior al Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se establecen controles mensuales sobre el flujo de fondos ejecutado y proyectado, así como el estado de las inversiones y disponibilidades de los organismos públicos.

En cuanto a las pensiones, la normativa prorroga por diez años los beneficios otorgados bajo la Ley N° 13.337 y sus modificatorias, fijando condiciones de acceso y compatibilidad. El texto establece que la continuidad de los beneficios se mantendrá hasta que se comprueben incompatibilidades.

La medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, conforme a la Ley N° 26.122. El Gobierno sostiene que la adecuación presupuestaria es indispensable para evitar la interrupción de servicios críticos y asegurar la operatividad del Estado en un contexto de profunda crisis económica y social.