El fiscal federal Miguel Ángel Osorio solicitó penas de prisión para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich en el marco del juicio por presuntas irregularidades en el programa Fútbol para Todos. Fernández enfrenta un pedido de 3 años y 8 meses de prisión, mientras que para Capitanich se solicitó una condena de ocho meses, ambas de ejecución condicional y acompañadas de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La acusación se basa en la supuesta administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, vinculada al manejo de fondos estatales entre 2009 y 2015.

El Ministerio Público Fiscal también pidió condenas menores para exdirectivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y la empresa Iveco, además de la restitución de más de 131 millones de pesos al Estado y a entidades deportivas. El alegato fiscal destacó la falta de controles y la omisión de deberes por parte de los acusados, señalando maniobras de desvío de fondos mediante cheques diferidos y contratos irregulares de sponsoreo. La Auditoría General de la Nación advirtió pagos en especie y precios irrisorios en los contratos con Iveco, lo que habría beneficiado ilícitamente a la empresa.

El tribunal oral federal dispuso un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, cuando se escucharán las defensas de los acusados. Capitanich y otros implicados rechazaron las acusaciones, calificando el alegato de "infundado" y "conjetural", y sostuvieron que el proceso tiene motivaciones políticas. Por su parte, la diputada Graciela Ocaña, impulsora de la causa, insistió en el daño al Estado y la necesidad de recuperar los fondos desviados.

El programa Fútbol para Todos fue creado durante el gobierno de Cristina Kirchner con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a los partidos de fútbol y fortalecer económicamente a los clubes. Sin embargo, las investigaciones judiciales señalaron que los clubes no lograron sanear sus deudas y que hubo falta de auditoría sobre el destino de los fondos. El debate público se centra ahora en la transparencia y el control de los recursos estatales destinados al deporte, mientras se espera la resolución judicial tras la exposición de las defensas.