El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de las fuerzas federales de seguridad, abarcando a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida, implementada a través de una serie de decretos firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, busca modernizar las estructuras, actualizar competencias y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos de la criminalidad actual.

Entre los principales cambios, la PSA amplía su alcance operativo y podrá intervenir en tareas de seguridad interior fuera del entorno aeroportuario, incluyendo otros medios de transporte. Además, se crea un nuevo escalafón técnico-profesional, se incorpora la figura del cadete y se establece un sistema disciplinario con control externo y tribunal de conducta. El SPF, por su parte, es transferido del Ministerio de Justicia al de Seguridad, con una nueva estructura que incluye direcciones de tecnología y bienestar, y la posibilidad de reubicar establecimientos penitenciarios para mejorar las condiciones de detención.

La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval también experimentan reformas significativas. Se actualizan sus estatutos, se reorganizan áreas clave para reforzar el control fronterizo, marítimo y digital, y se eliminan funciones consideradas obsoletas. En el caso de la Gendarmería, se deroga la ley vigente desde 1971 y se aprueba un nuevo estatuto que jerarquiza la carrera profesional y moderniza la estructura organizativa. La Prefectura, en tanto, amplía sus competencias en materia de seguridad marítima y control ambiental.

El Gobierno argumenta que estas reformas permitirán optimizar recursos, fortalecer la coordinación interinstitucional y adaptar las fuerzas a nuevas amenazas, como el cibercrimen y la criminalidad organizada. Sin embargo, sectores opositores han cuestionado la falta de debate parlamentario y advierten sobre posibles riesgos de discrecionalidad en la aplicación de las nuevas normativas.

Las fuerzas tendrán 90 días para presentar proyectos de reglamentación y adecuación interna. Se espera que la implementación de estos cambios tenga un impacto significativo en la seguridad pública y en la articulación entre las distintas instituciones del Estado.