La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Vanina Biasi, exdiputada nacional y legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires, por el delito de incitación a la discriminación, tras una serie de publicaciones en redes sociales en las que comparó al Estado de Israel con el nazismo y denunció crímenes en Gaza. El fallo, dictado por unanimidad por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, también ratificó un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Biasi, en línea con la decisión previa del juez federal Daniel Rafecas.

La causa se originó a partir de ocho publicaciones realizadas por Biasi en X (ex Twitter) entre noviembre de 2023 y enero de 2024. En sus mensajes, la legisladora utilizó términos como "genocidio", "apartheid" y "nazis sionistas" para referirse al Estado de Israel y sus acciones en la Franja de Gaza. El fiscal Carlos Stornelli impulsó la denuncia, considerando que los posteos promovían la discriminación religiosa y el odio, en violación al artículo 3 de la ley antidiscriminatoria 23.592.

La defensa de Biasi apeló el procesamiento, argumentando que sus críticas se dirigieron exclusivamente al Estado de Israel y no a la comunidad judía, y que la causa representa un ataque a la libertad de expresión y una criminalización de la opinión política. Presentó informes de historiadores, organizaciones de derechos humanos y amicus curiae en respaldo de su postura. Sin embargo, los jueces consideraron que, en el ecosistema digital, los mensajes pierden especificidad y pueden ser interpretados como estigmatizantes hacia el pueblo judío, especialmente por la condición de funcionaria pública de Biasi.

El fallo judicial ha generado un intenso debate en la sociedad argentina sobre los límites de la libertad de expresión y la distinción entre antisionismo y antisemitismo. Mientras la DAIA sostiene que las publicaciones reproducen estigmas antisemitas, sectores de izquierda y organizaciones sociales denuncian un intento de censura y persecución política. El caso podría avanzar a juicio oral, con penas excarcelables de hasta tres años, y se enmarca en un contexto de movilizaciones internacionales contra el conflicto en Gaza y el repudio a la criminalización de las críticas políticas.

La resolución judicial pone de relieve la tensión entre la protección contra la discriminación y el respeto a la libertad de expresión, en un escenario marcado por la polarización política y el impacto de las redes sociales en la difusión de opiniones y debates públicos.