La campaña electoral en Mar del Plata sumó un episodio singular con la solicitud de Leonardo Gorri, actor e influencer conocido como “No soy Messi”, para que su apodo figure en la boleta electoral de concejales. Gorri, quien ocupa el noveno lugar en la lista del partido vecinal “Sentido Común Marplatense”, argumentó que es identificado públicamente por ese sobrenombre debido a su notable parecido con Lionel Messi, campeón mundial con la Selección Argentina.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido, fundamentando su decisión en la protección de la marca registrada “Messi” y en la posibilidad de generar confusión entre los votantes. “Resulta necesario poner de manifiesto que Messi es una marca registrada con el nombre Lionel Andrés Messi Cuccittini”, señaló el organismo en su resolución, citando la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones. Además, advirtió que permitir el uso del apodo podría “usufructuar el reconocimiento de la personalidad pública a nivel internacional tan positivamente valorada” y “empañar la voluntad para discernir con total claridad al momento de emitir el voto”.

El partido presentó testimonios ante el Juzgado Civil y Comercial N°2 para acreditar el uso habitual del apodo, pero la Junta Electoral fue categórica en su negativa. Gorri relató que su personaje nació durante la pandemia, cuando comenzó a viralizar videos en redes sociales y a participar en eventos y publicidades. “Mi esposa filmó cuando me decían que era parecido, y aunque tenía re pocos seguidores, en unas horas tuvimos 4000 reproducciones”, recordó Gorri.

El caso reavivó el debate sobre el uso de apodos en boletas electorales en Argentina, donde existen antecedentes como el de la conductora “Pinky”. Sin embargo, la protección de marcas y la claridad para el electorado prevalecieron en esta ocasión. Gorri continuará su campaña electoral con su nombre real, aunque su fama como imitador de Messi sigue siendo su principal carta de presentación en las calles de Mar del Plata.

La resolución de la Junta Electoral marca un precedente sobre los límites legales en la utilización de apodos vinculados a figuras públicas y marcas registradas en el ámbito político, y deja abierta la discusión sobre la relación entre popularidad, identidad y derechos comerciales en futuras campañas.