Tensión y desalojo en el edificio del Instituto Juan Domingo Perón: detuvieron a Juan Grabois
• Juan Grabois fue detenido tras ocupar el Instituto Juan Domingo Perón en CABA, cerrado por el Gobierno nacional. • Hubo tensión, forcejeos y operativo policial. • El hecho reaviva el debate sobre patrimonio histórico y decisiones oficiales.


Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, fue detenido este sábado tras liderar la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón en la Ciudad de Buenos Aires. La protesta, que reunió a entre 50 y 100 personas, se realizó en rechazo al cierre del emblemático edificio dispuesto por el Gobierno nacional, que argumentó motivos presupuestarios y falta de actividad investigativa para la medida.
La ocupación comenzó pasado el mediodía, cuando militantes y dirigentes políticos, entre ellos diputados nacionales, ingresaron al edificio declarado Monumento Histórico Nacional. Desde los balcones, los manifestantes desplegaron banderas con consignas en defensa de la democracia y la memoria histórica. Grabois, a través de sus redes sociales, denunció la disolución del Instituto como un acto ilegal y convocó a la ciudadanía a defender el patrimonio cultural.
El operativo de desalojo, encabezado por la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad, se desarrolló en horas de la tarde e incluyó el uso de gas pimienta y forcejeos, resultando en al menos dos policías heridos. Grabois fue detenido y trasladado a una comisaría, desde donde envió un mensaje en el que reafirmó su postura: "Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás".
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, defendió el cierre del Instituto, señalando que el presupuesto anual superaba los 400 millones de pesos y que no se habían realizado investigaciones en los últimos años. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el operativo y sostuvo que "se terminó el vale todo" en referencia a la ocupación del edificio.
El hecho reavivó el debate sobre el destino de los bienes históricos y la gestión del patrimonio cultural en el contexto de las políticas de ajuste del Gobierno. Mientras sectores afines a Grabois denunciaron persecución política y ataque a la memoria, desde el oficialismo se remarcó la legalidad de la medida y la necesidad de resguardar el patrimonio estatal. El futuro del edificio y del legado histórico que representa sigue siendo motivo de controversia y discusión pública.
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