Un escándalo de corrupción ha sacudido a la Policía de Rosario, donde 13 agentes y 4 civiles están siendo imputados por malversación de fondos públicos destinados a la carga de combustible de patrulleros. La investigación, liderada por el fiscal José Luis Caterina, reveló un esquema de sobrefacturación que habría generado un perjuicio estimado en 45 millones de pesos mensuales, de un total de 380 millones asignados al combustible.

La audiencia imputativa, que comenzó este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad. Ninguno de los imputados está presente en la sala, participando en cambio por videoconferencia. Se espera que las sesiones se extiendan hasta el miércoles.

Entre los acusados se encuentran altos mandos de la Unidad Regional II, como el comisario Gerardo R., jefe del garaje de distribución de combustible, y el comisario Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada. También están implicados civiles vinculados a una estación de servicio clausurada en Rosario, donde se concentraban las operaciones fraudulentas.

La maniobra consistía en sobrefacturar combustible mediante tarjetas Visa Flota, que eran centralizadas por los responsables de logística policial. En los allanamientos realizados la semana pasada, se encontraron tarjetas y un posnet de la estación de servicio implicada. Además, las intervenciones telefónicas revelaron cómo se preparaba dinero en efectivo para entregar a los policías involucrados.

El caso motivó la intervención de la Unidad Regional II por tres meses, bajo la dirección del general Claudio Romano, quien llevará a cabo una auditoría general con énfasis en el área de movilidad y controles de carga de combustible. El jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y su segundo, Mariano Govi, fueron desplazados de sus cargos, aunque no están imputados en la causa.

La investigación, que comenzó hace 10 meses tras una denuncia anónima, incluyó 36 allanamientos y múltiples detenciones. Tres policías fueron liberados tras determinarse que no participaron en las maniobras.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, calificó el caso como un ejemplo de la gravedad de la corrupción en las fuerzas de seguridad y subrayó la necesidad de auditorías más estrictas. Analistas señalan que este caso podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción policial en la provincia.