La causa por la estafa con la criptomoneda $LIBRA dio un giro significativo en Estados Unidos, donde por primera vez fue mencionada Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, en la demanda colectiva presentada por inversores afectados. El caso, que investiga una presunta asociación ilícita y estafa millonaria, involucra a empresarios cripto y funcionarios argentinos, y ha generado un fuerte impacto político y judicial.

Según consta en la ampliación de la demanda presentada en Nueva York, los abogados de las víctimas sostienen que Karina Milei habría autorizado el ingreso de Hayden Davis, principal acusado, a la Casa Rosada. El documento judicial cita mensajes en los que Davis alardeaba de su vínculo con la familia presidencial y de haber transferido dinero a la hermana del presidente. Además, la demanda solicita la aplicación de la Ley RICO, utilizada en casos de crimen organizado, y el congelamiento de más de 57 millones de dólares en billeteras virtuales de los acusados.

El tuit publicado por Javier Milei el 14 de febrero, en el que promocionaba la criptomoneda $LIBRA, es considerado por la justicia estadounidense como un elemento central para el desarrollo de la estafa. Según los abogados, el interés de los inversores y el volumen de operaciones aumentaron tras el anuncio del presidente, lo que facilitó el fraude.

Juan Grabois, abogado y dirigente social, se presentó como querellante en la causa y aportó pruebas tanto en Argentina como en Estados Unidos. Grabois afirmó que Karina Milei podría enfrentar prisión preventiva, ya que no cuenta con fueros, y señaló que la investigación apunta a delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

Martín Romero, uno de los damnificados, declaró que "ya no se discute si hubo delito" y que el foco está en determinar quiénes logran desvincularse de la causa. El apellido Milei aparece más de 50 veces en el expediente judicial, reflejando la magnitud del escándalo y su repercusión en la política argentina.

El caso $LIBRA se inscribe en una tendencia global de fraudes con criptomonedas, donde la utilización de figuras públicas para atraer inversores ha generado múltiples demandas y acciones judiciales. Las consecuencias de este proceso podrían impactar tanto en el ámbito judicial como en la imagen del gobierno argentino, mientras la investigación avanza en los tribunales estadounidenses.