El escándalo por la muerte de al menos 52 pacientes tras la administración de fentanilo contaminado en hospitales de La Plata y Rosario ha puesto en jaque al sistema de control sanitario argentino. La investigación, que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, avanza bajo la supervisión de la ANMAT y el Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

El brote fue detectado en mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata alertó sobre un aumento inusual de neumonías asociadas a la administración de fentanilo. Los análisis identificaron la presencia de bacterias multirresistentes en los lotes suministrados por HLB Pharma, lo que llevó a la prohibición de venta de todos sus productos y la suspensión de laboratorios y droguerías asociadas.

Mientras la Justicia analiza la documentación secuestrada y espera peritajes clave, HLB Pharma rompió el silencio negando cualquier responsabilidad en la contaminación. En un comunicado institucional, la empresa aseguró que "una contaminación bacteriana de ese tipo no es posible en el entorno de un laboratorio" y denunció una campaña de desprestigio mediático y competencia desleal. Además, señalaron que la mayoría de las observaciones de ANMAT eran de carácter burocrático y no relacionadas con la calidad del producto.

Por su parte, familiares de las víctimas, como Sol Francese, madre de Renato, fallecido en el Hospital Italiano, expresaron su indignación por la falta de comunicación y respuestas tanto del hospital como de los laboratorios. "No sabemos cómo llegó la contaminación, eso es lo que se está investigando ahora", afirmó Francese, quien también cuestionó los controles estatales.

El caso se complica aún más tras un robo en la oficina de Garantía de Calidad de HLB Pharma, donde desaparecieron documentos y registros clave para la investigación. La ANMAT, por su parte, detectó deficiencias graves en los controles y la trazabilidad de los medicamentos, lo que refuerza las sospechas sobre fallas sistémicas en la industria.

Hasta el momento, no hay imputados ni detenidos, y la Justicia mantiene el hermetismo mientras se analizan los procedimientos y se cotejan las historias clínicas de los pacientes afectados. El escándalo reaviva el debate sobre la transparencia y el control en la industria farmacéutica argentina, y deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar tragedias similares en el futuro.