El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, dictaminó que la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires es "fácticamente imposible". La solicitud, presentada por La Libertad Avanza (LLA) tras la renuncia de José Luis Espert como candidato principal, fue rechazada tanto por la Junta Electoral Nacional como por el fiscal, quienes argumentaron que los plazos legales y logísticos ya están vencidos y que proceder con la reimpresión pondría en riesgo la realización misma de los comicios.

La controversia surgió luego de que Espert, involucrado en un escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico, fuera reemplazado por Diego Santilli como cabeza de lista de LLA. El Gobierno solicitó la reimpresión de las boletas y los afiches de las cabinas de votación, argumentando que contaba con el presupuesto necesario para afrontar el gasto, estimado en más de 12.100 millones de pesos. Sin embargo, la Justicia electoral priorizó la estabilidad del calendario y la transparencia del proceso, señalando que la logística para distribuir nuevas boletas a 40.000 puestos de votación y 14 millones de electores era inviable a dos semanas de la elección.

El dictamen del fiscal González se basó en informes técnicos del Correo Argentino y la Dirección Nacional Electoral, que detallaron la complejidad de los procesos de impresión, control y distribución. González afirmó: "Hacer lugar al pedido era fácticamente imposible y se pondría en riesgo la elección en sí misma". Además, recordó que el 11 de octubre era la fecha límite para enviar los archivos a imprenta, y que los plazos estipulados por la ley electoral ya habían concluido.

La decisión de la Cámara Nacional Electoral de avalar a Santilli como cabeza de lista contradijo una resolución previa que favorecía a Karen Reichardt, generando un nuevo debate sobre la composición final de la boleta. La mayoría de las fuerzas políticas se opusieron a la reimpresión, argumentando que sentaría un precedente de gravedad institucional y generaría un gasto no previsto para el Estado.

Desde el Gobierno, se mostraron confiados en la campaña, independientemente de quién figure en la boleta, mientras la oposición insistió en mantener la imagen de Espert. La resolución final sobre el pedido de reimpresión queda en manos de la Cámara Nacional Electoral, que deberá decidir en los próximos días.

Este episodio refuerza la importancia de respetar los plazos y procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral, especialmente en un contexto de alta sensibilidad política y social.