El 15 de julio de 2024, un avión A4AR de la Fuerza Aérea Argentina se precipitó a tierra durante ejercicios de adiestramiento en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis, provocando la muerte del capitán Mauro Javier Testa La Rosa. El piloto, de 33 años, era jefe de Escuadrilla, instructor e inspector, y contaba con una amplia experiencia en la especialidad.

Tras el accidente, la Fuerza Aérea informó que la aeronave se había estrellado y que el piloto había perdido la vida. Sin embargo, la familia de Testa La Rosa accedió al informe técnico de la Junta de Accidentes, el cual confirmó que el avión no estaba en condiciones de volar. El informe detalló que el tubo de chorro se soltó debido a una brida mal ajustada, con piezas usadas y fuera de reglamento, y que el torquímetro utilizado no tenía la fuerza suficiente ni estaba calibrado correctamente.

Olga La Rosa, madre del piloto, denunció públicamente negligencia y corrupción, señalando que existió presión de superiores para que el avión volara pese a los riesgos. "Mauro murió por negligencia y corrupción. Recibimos mensajes anónimos donde nos decían la presión que ejercían los superiores para que el avión salga, esté como esté. De Petri para abajo son todos responsables", afirmó. La familia también denunció la adulteración de informes y la falsificación de firmas tras el accidente, hechos que fueron llevados a la justicia.

El caso permanece bajo secreto de sumario, y la familia se constituyó como querellante para evitar el cierre de la causa. La madre del piloto criticó la falta de solidaridad y respuesta de las autoridades, incluyendo al ministro de Defensa, Luis Petri, y al presidente Javier Milei, quienes, según la familia, no tomaron medidas para investigar ni mejorar las condiciones de los aviones A4AR, que permanecen sin volar desde el accidente.

El contexto de la tragedia se agrava por la eliminación del fondo para equipamiento de las Fuerzas Armadas, lo que dificulta la operación y mantenimiento de aeronaves. Además, se mencionan antecedentes de otros accidentes similares en la Fuerza Aérea, lo que refuerza las demandas de la familia por justicia y por una revisión profunda de los protocolos de seguridad y control en la institución. El caso sigue generando debate sobre la responsabilidad de los altos mandos y la necesidad de reformas en la gestión de la seguridad militar.