Un juez de Familia de Neuquén autorizó al equipo médico del hospital Castro Rendón a realizar una cirugía urgente a un recién nacido, pese a la oposición de sus padres, quienes, por sus creencias como Testigos de Jehová, rechazaban la posibilidad de una transfusión de sangre. El bebé, de apenas un día de vida, había sido trasladado de urgencia desde San Martín de los Andes con un diagnóstico de obstrucción intestinal, condición que requería intervención inmediata y presentaba una alta probabilidad de necesitar una transfusión sanguínea.

La decisión judicial fue tomada por el magistrado Luciano Zani, quien fundamentó su resolución en la protección integral de la niñez y el interés superior del niño. "Cuando los derechos de los niños resultan vulnerados por la acción u omisión de sus padres o de terceras personas, el Estado debe actuar restableciendo los derechos vulnerados", sostuvo Zani en su fallo. El juez remarcó que la responsabilidad parental otorga a los progenitores la facultad de decidir sobre la salud de sus hijos, pero ese derecho tiene límites claros cuando está en juego la vida del menor.

La medida fue promovida por la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente de la IV Circunscripción, a cargo de Laura Lucero, mediante una acción judicial urgente. El magistrado explicó que la negativa de los padres podía derivar en un desenlace irreversible y fatal para el recién nacido, por lo que el Estado debía intervenir para garantizar el acceso a los recursos médicos necesarios.

El fallo priorizó el derecho a la vida y la salud del niño por sobre la objeción de conciencia de los padres, en línea con la doctrina legal y los principios constitucionales argentinos. El caso reabre el debate sobre los límites de la autonomía parental y la libertad religiosa frente a los derechos fundamentales de los menores, especialmente en situaciones de riesgo vital.

La resolución fue respaldada por la Defensoría de los Derechos del Niño y generó discusión pública sobre la protección de la infancia y la intervención estatal en casos de conflicto entre creencias religiosas y atención médica indispensable. El caso podría sentar precedente para futuras situaciones similares en el país.