El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén ha dejado al descubierto una compleja red de irregularidades administrativas y falta de controles en la gestión de subsidios provinciales. Durante 21 jornadas, el tribunal escuchó a 48 testigos y peritos, quienes detallaron cómo la estructura estatal permitió el desvío de fondos públicos destinados a ayudas sociales, generando un perjuicio que supera los mil millones de pesos.

El caso se originó en junio de 2022, cuando Esteban Maenga Mendoza, beneficiario de un plan social, denunció la falta de fondos en su cuenta. Esta denuncia fue el punto de partida para una investigación que reveló la existencia de expedientes "armados", dictámenes legales firmados sin revisión y pagos realizados antes de la aprobación formal. Los testimonios de abogados y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y del Banco Provincia del Neuquén (BPN) coincidieron en que los controles internos eran insuficientes y que la burocracia estatal funcionaba bajo presión política, especialmente en contextos de emergencia social.

Alejandro Ponchiardi, exgerente ejecutivo del BPN, y Juan Manuel Coto, asesor penal externo, relataron cómo se decidió presentar la denuncia penal tras detectar extracciones de dinero con tarjetas de débito ajenas por parte de empleados del ministerio. El banco bloqueó 198 tarjetas sospechosas, pero algunas fueron utilizadas por terceros esa misma noche, lo que evidenció la falta de sincronización entre las áreas de control.

La investigación contable, presentada por peritos del Ministerio Público Fiscal, acreditó más de 9.000 operaciones fraudulentas y transferencias de fondos desde cuentas de beneficiarios a cuentas de funcionarios. Los expedientes carecían de fechas, firmas y foliatura, y los pagos se realizaban antes de la aprobación legal. La migración de expedientes de papel a formato electrónico agravó la falta de trazabilidad y control.

La defensa de los imputados sostiene que la presión política y la urgencia social justificaban los procedimientos irregulares, mientras que el gobernador Rolando Figueroa expresó dudas sobre el desconocimiento de los directivos. El juicio continúa con la investigación patrimonial de los involucrados y el análisis del destino de los fondos desviados, en un proceso que pone en cuestión la transparencia y el rigor de la administración pública neuquina.