El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte ha alcanzado un punto crítico, con el anuncio de un paro nacional de colectivos de 24 horas para el próximo martes 6 de mayo. La medida afectará a los servicios de corta y media distancia en todo el país, dejando a miles de usuarios sin transporte público durante esa jornada.

El paro fue confirmado tras el fracaso de las negociaciones paritarias y el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional. La UTA reclama un aumento del salario básico de los choferes, que actualmente es de $1.200.000, a $1.700.000. Sin embargo, las cámaras empresariales argumentan que la situación económica del sector, marcada por un déficit operativo del 40%, les impide realizar una oferta mejorada. "Los empresarios han ofrecido un incremento remunerativo de menos del 6%, lo que es una falta de respeto", expresó el gremio en un comunicado.

El conflicto se desarrolla en un contexto de tarifas congeladas desde agosto y subsidios estatales que no cubren los costos reales del sistema de transporte. Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el precio técnico del boleto sin subsidios sería de $1.596,40, mientras que los usuarios pagan un promedio de $371,13. Este desfasaje ha llevado a las empresas a depender de subsidios que consideran insuficientes.

Las negociaciones entre la UTA, las cámaras empresariales y el Ministerio de Capital Humano no lograron avances significativos. Durante la última audiencia, las empresas no presentaron una propuesta concreta, lo que generó un fuerte rechazo por parte del gremio. "No vamos a tolerar esta farsa prolongada ni que se ponga en juego la dignidad y el sustento de más de 60.000 familias trabajadoras", afirmó la UTA.

El Gobierno nacional, por su parte, ha adoptado una postura de no intervención directa, argumentando que se trata de una negociación entre privados. Sin embargo, esta decisión ha sido criticada tanto por el gremio como por las empresas, que consideran que el Estado tiene un rol clave al definir las tarifas y los subsidios.

El paro del 6 de mayo se suma a una serie de medidas de fuerza en un sector marcado por la inestabilidad económica y la precarización laboral. Mientras tanto, miles de usuarios deberán buscar alternativas de transporte, lo que podría generar caos en las principales ciudades del país. Una nueva audiencia está programada para el lunes 5 de mayo, pero las expectativas de un acuerdo son bajas. La UTA ha dejado claro que solo levantará la medida si se presenta una propuesta salarial aceptable.