La reincorporación de Cecilia Goyeneche al Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos se concretó tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anuló su destitución por vicios procesales en el jury de enjuiciamiento. El procurador general de la provincia, Jorge García, dispuso el retorno administrativo de Goyeneche, aunque su restitución plena como procuradora anticorrupción aún depende de una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER).

Goyeneche había sido apartada de su cargo en mayo de 2022, acusada de "conducta pública o privada incompatible con las funciones a su cargo" y "mal desempeño de sus funciones" en la causa conocida como "Contratos Truchos". Sin embargo, la Corte Suprema, en diciembre de 2024, consideró que el proceso estuvo marcado por graves irregularidades, afectando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio. "La gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador son suficientes para tener por acreditado un grave menoscabo a las reglas del debido proceso", señaló el fallo.

El procurador García resolvió que Goyeneche vuelva a la situación administrativa previa al fallo del STJ, aunque permanece suspendida hasta que el tribunal provincial anule el jury, tal como ordenó la Corte Suprema. "Su situación es entonces, a la fecha, la de magistrada aún suspendida, pero formando parte del MPF del Poder Judicial", explicó García, quien también dispuso la intervención del área contable para calcular los haberes retroactivos.

En declaraciones públicas, Goyeneche expresó que la destitución fue un intento de frenar la investigación contra el exgobernador Sergio Urribarri, condenado en 2022 a ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles. "La prueba era aplastante y la mayoría de la gente que trabaja en la Justicia es digna y honesta", afirmó. El caso generó un movimiento de apoyo entre fiscales y fortaleció las asociaciones profesionales del sector.

La Corte Suprema aclaró que su decisión no implica un juicio sobre el mérito de los hechos, sino sobre la legalidad del proceso. El STJER debe ahora conformar un nuevo tribunal para cumplir con el mandato de la Corte y decidir sobre la anulación definitiva del jury. Hasta entonces, Goyeneche percibirá parte de su salario y espera retomar plenamente sus funciones.

El caso pone en relieve la tensión entre la independencia judicial y las presiones políticas, así como la importancia de garantizar procesos transparentes y justos en la administración de justicia. La resolución definitiva del STJER será clave para el futuro institucional de la provincia y la lucha contra la corrupción.