La investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con dificultades técnicas y nuevas medidas patrimoniales. El caso, que involucra a directivos de la droguería Suizo Argentina y funcionarios públicos, se originó tras la difusión de audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se describía un presunto circuito de pagos ilegales en la compra de medicamentos.

En el marco de la causa, los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker, responsables de Suizo Argentina, entregaron sus teléfonos celulares a la Justicia, pero sin facilitar las claves de acceso. La empresa israelí Cellebrite, desarrolladora de herramientas forenses, informó que actualmente no cuenta con la tecnología necesaria para desbloquear el Samsung de Emmanuel Kovalivker, mientras que el iPhone de Jonathan podría ser vulnerable en el futuro debido a la falta de actualizaciones. Esta situación representa un obstáculo significativo para los investigadores, que buscan acceder a información clave para esclarecer la supuesta trama de corrupción.

Durante los allanamientos realizados en Nordelta, se secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo, incluyendo 266 mil dólares y siete millones de pesos en sobres. Además, se incautaron documentos y registros de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de los involucrados. El jefe de seguridad del barrio, Ariel de Vicentis, también está bajo investigación por presuntamente haber facilitado la evasión de la policía por parte de Jonathan Kovalivker.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los principales sospechosos, incluyendo Spagnuolo y los directivos de Suizo Argentina. Esta medida permitirá acceder a información financiera y tributaria relevante para la causa. Paralelamente, el Gobierno nacional ordenó una auditoría interna en ANDIS y designó a Alejandro Vilches como interventor, con el objetivo de analizar posibles irregularidades en los procesos de compra y gestión.

En los audios filtrados, se menciona a funcionarios cercanos al oficialismo, como Eduardo "Lule" Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Gobierno y el propio presidente Javier Milei han negado las acusaciones, calificándolas como una "operación electoral". Mientras tanto, la causa continúa en pleno desarrollo, con nuevas diligencias y declaraciones indagatorias previstas para los próximos días. El desenlace de la investigación podría tener implicaciones significativas para la gestión de políticas públicas en el área de discapacidad y para la relación entre el sector privado y el Estado.