En septiembre de 2025, la mayoría de los gremios argentinos cerraron acuerdos salariales que se ubicaron por debajo de la inflación mensual, que fue del 1,9% en julio. Bajo la administración de Javier Milei, el Gobierno mantuvo la pauta oficial de aumentos del 1% mensual, aunque algunos sindicatos lograron superar ese techo mediante negociaciones y sumas no remunerativas. El monitoreo y la homologación de los acuerdos por parte de la Secretaría de Trabajo se volvieron más flexibles en el contexto electoral, permitiendo excepciones en sectores estratégicos como sanidad, bancarios y petroleros.

Los gremios con mayor cantidad de afiliados, como Camioneros y Comercio, se vieron obligados a aceptar aumentos en torno al 1% mensual, aunque en algunos casos se recurrió a sumas fijas no remunerativas para destrabar las negociaciones. El Sindicato de Sanidad, por ejemplo, firmó un aumento del 5,2% para el trimestre agosto-octubre, con sumas no remunerativas de $60.000 mensuales. Bancarios, por su parte, mantienen la actualización automática por IPC, lo que les permite acompañar más de cerca la evolución de los precios. El salario inicial para los trabajadores bancarios en septiembre alcanza los $1.895.421,83, compuesto por un sueldo base y una participación en ganancias.

El Gobierno monitorea el impacto de los aumentos en precios y productividad antes de homologar los acuerdos, y en algunos casos ha mostrado mayor flexibilidad, especialmente en el contexto electoral. Los salarios del sector privado registrado acumulan una caída real del 0,6% en lo que va de 2025, mientras que en el sector público la pérdida es del 14,3% desde noviembre de 2023. La desaceleración inflacionaria permitió cierta flexibilidad en la homologación de acuerdos, especialmente en sectores con mayor peso sindical.

Los sindicatos continúan reclamando la reapertura de paritarias y mejoras que permitan recuperar el poder adquisitivo, mientras que los empresarios expresan dificultades para afrontar sumas fijas, especialmente en pymes. El Gobierno busca equilibrar la recuperación salarial con la estabilidad macroeconómica y el control de precios. Se prevé que las negociaciones continúen en octubre, con nuevos reclamos y revisiones según la evolución de la inflación.