El Gobierno nacional dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, en el marco de un proceso de reorganización de la administración pública orientado a reducir el gasto estatal y optimizar la gestión de los recursos. La medida, oficializada el 7 de julio de 2025 mediante decreto, responde a la emergencia pública declarada por la Ley 27.742, que otorga al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para modificar la estructura estatal.

Según el texto oficial, la decisión se fundamenta en el crecimiento sostenido de la dotación de personal y en la existencia de una estructura "excesivamente onerosa". El informe técnico que acompaña el decreto señala que, entre 2010 y 2024, la cantidad de agentes en organismos descentralizados pasó de 35.481 a 88.095, y que parte de las tareas viales ya se encuentran tercerizadas. "Resulta evidente que existe una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada", sostiene el documento, sugiriendo que la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos.

Las funciones esenciales de los organismos disueltos serán reasignadas: el Ministerio de Economía asumirá la planificación y gestión de la infraestructura vial, mientras que la Gendarmería Nacional quedará a cargo del control de tránsito en rutas nacionales. Además, se crea la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que absorberá competencias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y fiscalizará las concesiones viales y ferroviarias. Por su parte, la Junta de Seguridad en el Transporte será reorganizada y pasará a denominarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con un enfoque exclusivo en el ámbito aeronáutico.

El decreto instruye la reasignación de bienes y personal, así como la liquidación de activos considerados innecesarios. Durante la transición, se mantendrán vigentes las funciones y autoridades preexistentes para garantizar la continuidad de los servicios. El Gobierno argumenta que la medida permitirá "una gestión más ágil y eficiente" y que no implica la eliminación de funciones esenciales, sino su redistribución para mejorar la eficacia y reducir el déficit público. La iniciativa se enmarca en una política más amplia de racionalización del gasto y modernización del Estado, impulsada por la actual administración.