En un escándalo que sacude al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), se han presentado múltiples denuncias de corrupción que involucran a funcionarios de La Libertad Avanza (LLA). Las acusaciones, que abarcan varias provincias argentinas, señalan desvíos de fondos, coacción a empleados y uso indebido de recursos públicos para financiar actividades partidarias.

En Chaco, el fiscal federal Patricio Sabadini investiga si empleados de PAMI y ANSES fueron obligados a entregar hasta el 25% de sus haberes para mantener sus puestos. En Misiones, 22 funcionarios libertarios firmaron una carta exigiendo la devolución de fondos retenidos de sus salarios. En Santa Cruz, audios filtrados revelaron presiones a empleados para financiar actividades partidarias, mientras que en Mendoza se cuestiona la apertura de locales de LLA en varias localidades.

En La Plata, Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI y diputada suplente de LLA, denunció que le pidieron firmar "papeles ilegales" y aportar un millón de pesos mensuales como retorno. Aguirre, quien asegura haber trabajado bajo la línea de Javier Milei, afirmó que fue cesanteada por negarse a participar en actos de corrupción. "Toda la corrupción que yo sacaba se la mostraba a Milei; cuando era candidato me contestaba, cuando le mostré la corrupción y era Presidente me clavó el visto", declaró.

El PAMI, con un presupuesto de más de 4 billones de pesos, ha sido objeto de centralización en su manejo financiero, lo que podría facilitar irregularidades. En respuesta a las denuncias, el organismo anunció una auditoría interna para investigar las irregularidades y sancionar a los responsables.

Las acusaciones han generado divisiones internas en LLA, con figuras como Sebastián Pareja y Juan Osaba en el centro de la controversia. Mientras algunos dirigentes niegan las acusaciones, otros señalan que las tensiones internas han exacerbado el problema. Este escándalo representa un duro golpe para la administración de Javier Milei, quien basó su campaña en la promesa de combatir la corrupción.

El impacto político de estas denuncias podría ser significativo, afectando la credibilidad de LLA y su capacidad para mantener el apoyo popular. A medida que avanzan las investigaciones, el futuro del partido y de sus principales figuras queda en entredicho.