El reciente acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales ha generado un fuerte conflicto con el Gobierno nacional. El acuerdo, que establece un aumento salarial acumulativo del 5,4% para el trimestre abril-junio 2025, ha sido objetado por el Ministerio de Economía por superar la pauta oficial del 1% mensual destinada a controlar la inflación.

El líder de FAECYS, Armando Cavalieri, defendió el acuerdo como una medida necesaria para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de alta inflación. "Este acuerdo fue alcanzado a través del diálogo responsable entre partes legítimas y tiene plena validez", afirmó Cavalieri, quien también destacó que el salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000 en mayo, incluyendo sumas fijas que se incorporarán en julio.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su preocupación por el impacto del acuerdo en la inflación, que el Gobierno busca reducir a través de aumentos salariales más moderados. Según Caputo, "mantener los aumentos por debajo del costo de vida es esencial para sostener la tendencia descendente de la inflación".

El conflicto escaló cuando el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó a una reunión con FAECYS y las cámaras empresariales para renegociar el acuerdo. No obstante, el sindicato ratificó su vigencia, argumentando que el acta firmada incluye una cláusula que garantiza su aplicación incluso sin homologación gubernamental.

El acuerdo también generó divisiones en el sector empresarial. La Cámara de Supermercados Mayoristas manifestó su "preocupación y disconformidad", advirtiendo que el aumento podría trasladarse a los precios de venta, afectando el consumo y profundizando la recesión. Por su parte, la Cámara de Supermercados Unidos cuestionó la transparencia del acuerdo, señalando que el aumento real, al incluir sumas fijas, asciende al 9,6%.

Este conflicto pone en evidencia las tensiones entre las políticas económicas del Gobierno y las demandas salariales de los trabajadores. Con 1.200.000 empleados de comercio afectados, el acuerdo es clave como referencia para otros sectores y podría tener implicaciones significativas en la economía nacional. Mientras tanto, la falta de consenso amenaza con generar conflictos laborales y mayor incertidumbre económica en los próximos meses.