La implementación del nuevo sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Py, prevista para el 11 de agosto, ha generado un intenso debate entre fiscales, políticos y el gobierno nacional. Este modelo procesal, que ya se aplica en otras regiones del país, busca agilizar la justicia penal al otorgar a los fiscales la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones y establecer plazos más cortos para los procesos judiciales. Sin embargo, la falta de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura amenaza con desnaturalizar su propósito.

En una carta dirigida al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, los fiscales de primera instancia de Comodoro Py advirtieron que "el panorama actual dista de ser auspicioso". Aunque respaldan el modelo, señalaron que su implementación "sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente" podría comprometer su éxito. Entre las carencias mencionadas, destacaron la falta de personal técnico, herramientas tecnológicas y espacio físico adecuado. Por ejemplo, peritar un celular puede tardar entre tres y seis meses, y algunas fiscalías operan en anexos fuera del edificio principal debido a la falta de espacio.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha defendido la implementación del sistema y aseguró que se están asignando recursos, aunque no suficientes para cubrir todas las necesidades. Según el funcionario, el gobierno cuenta con un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos provenientes de un programa de Naciones Unidas, pero los fiscales consideran que esta cifra es insuficiente para enfrentar los desafíos que plantea el nuevo modelo en una jurisdicción tan compleja como Comodoro Py.

El Frente Renovador, a través de figuras como Cecilia Moreau y Diego Giuliano, también expresó su preocupación. "El nuevo Código Procesal Penal Federal es un avance necesario, pero su implementación sin recursos ni planificación lo condena al fracaso", afirmó Giuliano. Otros dirigentes del espacio exigieron la suspensión de la puesta en marcha del sistema hasta que se garantice un plan de inversión adecuado.

La situación es especialmente crítica en Comodoro Py, donde se tramitan causas de alta complejidad relacionadas con corrupción, narcotráfico y delitos económicos. Los fiscales advirtieron que sin los recursos necesarios, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en la lucha contra estos delitos.

A pesar de las críticas, el gobierno mantiene su decisión de avanzar con la implementación en la fecha prevista. Sin embargo, el descontento entre fiscales y políticos plantea interrogantes sobre la viabilidad del sistema y sus posibles consecuencias en la administración de justicia. "Advertimos con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas", concluyeron los fiscales en su carta.

El debate sobre el sistema acusatorio pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad de modernizar la justicia penal y las limitaciones estructurales y presupuestarias que enfrenta el país. Mientras tanto, la fecha de implementación se acerca, y las dudas sobre su éxito persisten.