El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, fue procesado por la jueza federal María Servini tras ser identificado como responsable de las lesiones gravísimas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión de una protesta de jubilados el 12 de marzo pasado, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Según la investigación judicial, Guerrero disparó seis veces una pistola lanza gases en dirección a los manifestantes, violando los protocolos establecidos para el uso de este tipo de armamento.

El disparo que impactó en la cabeza de Grillo fue realizado en ángulo horizontal y a una distancia de aproximadamente 47 metros, mientras el fotógrafo se encontraba agachado tomando imágenes. El informe del Cuerpo Médico Forense determinó que Grillo sufrió una fractura expuesta de cráneo, hematomas cerebrales y secuelas neurológicas de extrema gravedad, lo que lo mantuvo meses en terapia intensiva y le dejó una dependencia total para sus actividades cotidianas.

La jueza Servini consideró que Guerrero actuó con dolo eventual, es decir, que previó la posibilidad de causar un daño grave y, aun así, disparó contra el periodista. En su resolución, la magistrada subrayó que el protocolo para el mantenimiento del orden público y el manual del arma prohíben expresamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno en línea recta o hacia personas, advirtiendo sobre el riesgo de lesiones graves o muerte.

Como medida cautelar, Servini ordenó un embargo de $203 millones sobre los bienes de Guerrero, quien deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene prohibida la salida del país. No se dictó prisión preventiva al no existir riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El caso ha reavivado el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y la aplicación del protocolo antiprotestas, impulsado por la ministra Patricia Bullrich. Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas denuncian el uso desproporcionado de la fuerza y reclaman una revisión judicial de la normativa vigente. Bullrich, por su parte, defendió el operativo y justificó la represión como defensa institucional, aunque la justicia cuestiona la legalidad y proporcionalidad de las acciones.

La salud de Pablo Grillo sigue siendo crítica, con un pronóstico reservado y secuelas neurológicas permanentes. Su familia reporta una evolución positiva, aunque lenta y con dependencia total. El procesamiento de Guerrero se suma a otros casos similares y pone en el centro del debate la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.