La investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha revelado una compleja trama de corrupción, explotación sexual y vínculos políticos en una casona ubicada en Defensa 1364, San Telmo, Buenos Aires. El inmueble, que habría pertenecido al ex vicepresidente Amado Boudou y contenía cajas fuertes atribuidas al expresidente Néstor Kirchner, fue epicentro de reuniones y operaciones ilícitas encabezadas por Miguel Ángel Calvete.

Según testimonios de Melody Rakauskas, denunciante del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la casona funcionaba como espacio de prostitución y punto de encuentro para figuras políticas y empresarios. Rakauskas relató que vivió allí entre 2016 y 2017, y que su entonces pareja, Gustavo Cilia, adquirió la propiedad en 2012 por USD 750.000. "Me di cuenta de que era la casa de Gustavo cuando vi imágenes de Spagnuolo entrando", afirmó la denunciante.

El allanamiento realizado por orden del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi permitió secuestrar cuadernos con anotaciones sobre contratos, teléfonos y documentación relevante. En el procedimiento se hallaron dos cajas fuertes que, según Rakauskas y Cilia, habrían pertenecido a Néstor Kirchner. "Son dos cajas fuertes que eran de Néstor Kirchner. Porque la casa era de Boudou. Me lo dijo el mismo Cilia", declaró Rakauskas.

Miguel Ángel Calvete, condenado en 2019 por explotación económica de la prostitución, es señalado como articulador de una organización ilícita que direccionaba licitaciones de medicamentos y prótesis para discapacitados, por un valor superior a 30 mil millones de pesos en los últimos dos años. El fiscal Picardi sostiene que Calvete operaba en beneficio de sus empresas y mantenía vínculos con laboratorios y proveedores de insumos médicos.

La causa ANDIS también involucra a figuras como Diego Spagnuolo, ex titular de la agencia, y Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual. El expediente conecta denuncias de abuso, corrupción política y lavado de dinero, generando preocupación en el oficialismo y exponiendo prácticas históricas del kirchnerismo.

La investigación continúa, mientras la Justicia analiza la documentación secuestrada y las conexiones entre los distintos actores involucrados. El caso podría tener implicaciones de largo alcance en la política argentina, al poner bajo la lupa el funcionamiento de organismos estatales y la relación entre poder político y negocios privados.