El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, bajo la acusación de lavado de dinero y recibió un embargo de $350 millones sobre sus bienes. La medida también alcanzó a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control, quien fue procesado y embargado por $300 millones. Ambos continúan en libertad, aunque mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025.

La investigación, iniciada en septiembre de 2024, se centra en una presunta estructura criminal que desviaba fondos provenientes del sistema de cobro de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, los fondos eran canalizados hacia la adquisición de bienes muebles e inmuebles mediante la utilización de prestanombres. Uno de los hechos clave fue la compra de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio pero utilizada por D’Onofrio, con un valor declarado de $30 millones y un seguro que alcanzaba los $173,8 millones. El juez consideró que Asensio actuó como testaferro, ocultando la verdadera titularidad del vehículo y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio.

Las declaraciones de los imputados fueron consideradas inconsistentes por el magistrado. D’Onofrio negó ser propietario del vehículo y argumentó que solo lo condujo en una ocasión, mientras que Asensio afirmó haberlo adquirido con fondos familiares y admitió haberle otorgado la cédula azul a D’Onofrio. La resolución judicial sostiene que estas explicaciones no se condicen con la prueba reunida y configuran un esquema típico de lavado de activos.

El caso tiene ramificaciones en la Justicia provincial, donde se investiga el funcionamiento de una red de gestores que ofrecían descuentos de hasta el 50% para eliminar infracciones de tránsito. Además, se analizan irregularidades en la adjudicación de concesiones para la explotación del servicio de VTV, con empresas vinculadas a ex funcionarios del ministerio. El volumen de multas en la provincia es significativo, con más de 50 mil actas listas para cobrar a fines de 2024, lo que evidencia el alcance del sistema y el potencial perjuicio para el Estado.

D’Onofrio presentó su renuncia al cargo en diciembre de 2024, en medio del avance de las investigaciones judiciales. El escándalo ha generado repercusiones políticas y judiciales, con otros funcionarios y allegados bajo la lupa de la Justicia. El caso continúa en desarrollo, con la expectativa de nuevas revelaciones y posibles implicaciones para la gestión pública en la provincia de Buenos Aires.