La controversia por el cobro de un canon de $560.000 a la Iglesia para autorizar la tradicional peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Loreto en Misiones generó una ola de críticas y reacciones en todo el país. La medida, aplicada por Vialidad Nacional bajo el argumento de la Ley Nacional de Tránsito, fue recibida con sorpresa y malestar por la comunidad religiosa y autoridades locales, ya que nunca antes se había exigido tal pago en los 24 años de realización del evento.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, conocida por su devoción católica, se manifestó enérgicamente en redes sociales, calificando la decisión de "insensatez" y cuestionando la coherencia de la medida con el discurso libertario del gobierno. "¿Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias", expresó Villarruel en X, generando un intenso debate público.

El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, también se sumó a la polémica, señalando la falta de antecedentes y cuestionando la legalidad del cobro. "Transitar libremente es un derecho en la Argentina", afirmó, mientras que el sacerdote Leonardo Cuenca lamentó que "hasta para peregrinar ahora hay un nuevo impuesto". El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su solidaridad con la comunidad católica y confió en que la decisión sería rectificada.

La notificación del cobro llegó apenas 48 horas antes de la peregrinación, lo que generó malestar por la falta de comunicación y la forma en que se gestionó el permiso. El pago se realizó a través de la plataforma TAD, y los fondos terminaron en el tesoro de Vialidad Nacional. Sin embargo, tras la repercusión mediática y las críticas públicas, Vialidad Nacional admitió un "malentendido administrativo" y anunció que devolverá el dinero al Obispado de Posadas.

El caso puso en evidencia la tensión entre la aplicación de normativas administrativas y el respeto a las tradiciones religiosas, así como la necesidad de mayor diálogo y claridad en la gestión pública. Además, generó preocupación sobre el impacto de medidas similares en futuras peregrinaciones en otras provincias, como la de la Virgen de Itatí en Corrientes, donde la convocatoria es aún mayor. La resolución del conflicto, con la devolución del canon, fue recibida como un gesto de rectificación, aunque persisten interrogantes sobre la relación entre Estado y comunidad religiosa en el contexto actual.