El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, en el marco de un proceso de reorganización del Estado orientado a reducir el gasto público y optimizar la gestión administrativa. La medida, publicada este 8 de julio en el Boletín Oficial, implica la reasignación de funciones y recursos a nuevas y existentes dependencias bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Según el decreto, la estructura de los organismos disueltos resultaba "excesivamente onerosa" para el Estado, con un crecimiento significativo en la dotación de personal y una alta proporción de tareas tercerizadas. "Existe una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada en el mantenimiento vial, lo que permite inferir que una eventual transferencia de esta función al sector privado podría generar ahorros significativos", sostiene el texto oficial.

En reemplazo de los organismos disueltos, se crea la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que asumirá la fiscalización y control de los servicios públicos de transporte automotor, ferroviario y vial. Además, la Gendarmería Nacional Argentina será la responsable del control del tránsito en rutas nacionales, mientras que el Ministerio de Economía centralizará las competencias y recursos de los organismos eliminados.

El decreto también dispone la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, que pasa a denominarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias circunscritas a la investigación de accidentes aeronáuticos.

La medida se fundamenta en la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública y delegó facultades al Poder Ejecutivo para reorganizar la administración pública. Entre 2010 y 2024, la dotación de organismos descentralizados creció de 35.481 a 88.095 agentes, lo que, según el Gobierno, evidencia la necesidad de una reestructuración para reducir el déficit y transparentar el gasto público.

El personal y los recursos de los organismos disueltos serán transferidos hasta que se adecúen las nuevas estructuras organizativas. El decreto subraya que la reasignación de funciones y recursos busca "racionalización del gasto público, austeridad y eficiencia". La validez de la medida deberá ser evaluada por el Congreso, conforme a la Ley 26.122.