El conflicto salarial en el Poder Judicial de Córdoba ha alcanzado un punto crítico, con medidas de fuerza que afectan el funcionamiento de los tribunales y decisiones administrativas que han polarizado a los actores involucrados. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó recientemente una reestructuración que recategoriza automáticamente a más de 5,000 empleados, reduciendo las categorías laborales de 11 a 6. Esta medida, que incluye aumentos salariales promedio del 10.84%, ha sido recibida con escepticismo por los empleados judiciales, quienes reclaman una equiparación salarial con la Justicia Federal y denuncian una pérdida del 40% de su poder adquisitivo en el último año.

El gremio Agepj, que representa a los empleados judiciales, ha intensificado las medidas de fuerza, incluyendo paros de 24 y 48 horas, movilizaciones y abandono de tareas. Estas acciones han afectado gravemente el funcionamiento de los tribunales y las unidades judiciales, generando preocupación en el Colegio de Abogados de San Francisco, que ha llamado al diálogo para garantizar el acceso a la justicia.

Por su parte, Luis Angulo, presidente del TSJ, ha tomado decisiones controvertidas, como ordenar descuentos salariales por horas de asamblea, lo que ha exacerbado el conflicto. Mientras tanto, el gobierno provincial, liderado por Martín Llaryora, ha autorizado aumentos salariales adicionales del 2.6% y enfrenta presión para intervenir y resolver la situación.

Desde 2016, los salarios del Poder Judicial de Córdoba están vinculados al 90% de los de la Justicia Federal, lo que ha generado tensiones debido a la inflación y la falta de paritarias. En este contexto, las medidas de fuerza han sido impulsadas no solo por el gremio Agepj, sino también por un grupo de autoconvocados que exige acciones más contundentes.

El impacto del conflicto es significativo, afectando tanto a los empleados judiciales como al acceso a la justicia en la provincia. Se espera que las tensiones continúen, con nuevas medidas de fuerza programadas para mayo, mientras las partes buscan una solución que satisfaga las demandas salariales y garantice el funcionamiento del sistema judicial.