El gobierno de Javier Milei ha anunciado una controvertida medida para permitir el uso de dólares no declarados en la economía formal. Según el presidente, esta iniciativa busca monetizar los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema bancario, estimados entre 200.000 y 400.000 millones de dólares, y reactivar el consumo y la inversión.

Durante una entrevista, Milei afirmó que "no consideramos que aquellos que hayan sacado los dólares del sistema sean delincuentes" y defendió la medida como una forma de devolver recursos a los ciudadanos. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la propuesta permitiría a los ahorristas utilizar hasta 100.000 dólares sin justificar su origen, para compras de bienes como inmuebles y automóviles. Además, destacó que la medida no requerirá aprobación del Congreso y podría implementarse mediante un decreto.

El gobierno espera que esta iniciativa genere un impacto positivo en la recaudación fiscal, estimando un ingreso del 21% en concepto de IVA por las transacciones realizadas con estos dólares. Sin embargo, la propuesta ha generado críticas por parte de expertos y opositores, quienes advierten sobre los riesgos de fomentar la informalidad y el lavado de dinero. "Es una irresponsabilidad grotesca", señaló un analista, destacando que la medida podría contradecir las normas internacionales contra el lavado de activos.

Por otro lado, sectores del agro han mostrado interés en la posibilidad de utilizar dólares para la compra de insumos sin pagar impuestos adicionales. No obstante, la implementación de la medida enfrenta desafíos legales y técnicos, ya que podría requerir ajustes normativos por parte del Banco Central y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En un contexto de crisis económica, con alta inflación y desconfianza en el peso, el gobierno busca alternativas para estimular la economía. Sin embargo, la propuesta ha polarizado opiniones, destacando la tensión entre la necesidad de reactivar el consumo y los riesgos asociados a la falta de controles sobre el origen de los fondos. Organismos internacionales podrían cuestionar la medida, lo que añade un elemento de incertidumbre a su implementación.