El pedido de desafuero del diputado nacional Emiliano Estrada, representante de Salta por Unión por la Patria, desató una fuerte controversia en la Cámara de Diputados. Estrada está acusado de peculado de servicios y abuso de autoridad, tras una investigación que lo vincula con la presunta organización de campañas de difamación digital contra opositores políticos, utilizando recursos estatales y cuentas ficticias en redes sociales. Dos de sus asesores admitieron su participación y recibieron condenas condicionales por intimidación pública.

El proceso judicial contra Estrada se encuentra actualmente suspendido, debido a una apelación concedida por la justicia federal, lo que ha impedido que el pedido de desafuero avance en el Congreso. Sin embargo, el tema fue reactivado en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde la diputada Pamela Calletti, una de las denunciantes, exigió celeridad y denunció maniobras dilatorias por parte del bloque de Unión por la Patria. "Los fueros de los legisladores no son privilegios personales para burlar la justicia ni delinquir", afirmó Calletti, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones cruzadas.

Durante la sesión, Rodolfo Tailhade y otros legisladores de UP defendieron a Estrada, argumentando que el proceso judicial responde a una persecución política y que el pedido de desafuero carece de firmeza legal. "Lo persiguen por cómo opina del gobernador y del gobierno salteño", sostuvo Tailhade, mientras otros diputados calificaron la convocatoria como una maniobra electoral y cuestionaron la claridad del expediente judicial.

El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, intentó mediar en el debate y propuso abrir una discusión sobre la Ley de Fueros, vigente desde hace 25 años. El caso de Estrada se inscribe en un contexto de creciente tensión política, tras la reciente autorización de allanamientos a otro diputado, José Luis Espert, lo que motivó el tratamiento del desafuero como una respuesta política.

La continuidad del proceso judicial y la eventual decisión sobre el retiro de inmunidad parlamentaria de Estrada dependerán de futuras resoluciones de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Mientras tanto, el debate expone las dificultades institucionales para abordar casos de presunta corrupción y el uso de fueros parlamentarios en Argentina.