La jueza federal de Estados Unidos, Loretta Preska, emitió un fallo parcial a favor de Argentina en la causa por los Cupones PBI, un instrumento financiero creado en 2005 y vinculado al crecimiento económico del país. El litigio, impulsado por fondos buitre y el fiduciario de los cupones, reclamaba pagos por más de USD 6.000 millones correspondientes a los años posteriores a 2013, alegando manipulación de datos del Producto Bruto Interno (PBI) para evitar el pago.

Preska desestimó tres de los principales reclamos de los demandantes. En primer lugar, rechazó las demandas por falta de pago al considerar que los fondos no cumplieron los requisitos contractuales, ya que solo el fiduciario puede presentar acciones en nombre de todos los tenedores. Además, descartó la acusación de mala fe contra Argentina, señalando que el INDEC recalculó el PBI siguiendo una orden judicial británica, lo que confirmó que no se alcanzaron los niveles necesarios para activar los pagos. Por último, declaró prescriptos los reclamos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, respaldando la posición argentina en estos puntos.

Sin embargo, la jueza no aceptó el pedido de Argentina de cerrar definitivamente la causa respecto a los años posteriores a 2016. Preska explicó que, aunque no cuestiona los cálculos del PBI, será necesario un juicio para determinar si estos cumplen con los requisitos contractuales de los Cupones PBI. Esta decisión mantiene abierta una instancia judicial clave sobre posibles pagos futuros.

El Cupón PBI fue creado como incentivo para la adhesión al canje de deuda de 2005, tras el default de 2001. El instrumento paga un rendimiento adicional solo si la economía argentina crece por encima de un umbral anual, hasta 2035. La controversia se centra en el cambio de base de cálculo del PBI realizado en 2014, que los acreedores consideran perjudicial, mientras el gobierno argentino sostiene que era necesario para reflejar la expansión real de la economía.

La decisión de Preska es vista por expertos como un respaldo parcial a Argentina y un precedente relevante para futuras disputas financieras internacionales. Mientras tanto, los fondos demandantes continúan insistiendo en la validez de la metodología original para el cálculo del PBI, y el proceso judicial sigue abierto para los años posteriores a 2016.