El femicidio de Angelina González, una adolescente de 15 años de Pampa Blanca, Jujuy, ha conmocionado a la provincia y al país. El cuerpo de la joven fue hallado el lunes 5 de mayo en una zona rural cercana al río Las Pavas, tras un operativo de búsqueda que se inició el sábado por la noche, cuando su familia denunció su desaparición.

El principal sospechoso del crimen es su expareja, un hombre de 25 años identificado como Ochoa, quien confesó el asesinato tras ser detenido. Según las autoridades, el acusado intentó suicidarse ingiriendo veneno para ratas antes de ser arrestado. Fue hospitalizado, sometido a un lavaje estomacal y posteriormente trasladado al Penal de Gorriti, donde permanece bajo custodia.

La fiscal Romina Núñez, a cargo de la investigación, informó que el caso ha sido caratulado como "homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género". Según las primeras hipótesis, el crimen ocurrió luego de que Angelina rechazara retomar la relación con el acusado. El cuerpo de la joven presentaba signos de estrangulamiento, aunque se espera que la autopsia confirme la causa de muerte y otros detalles relevantes.

La comunidad de Pampa Blanca ha mostrado un fuerte apoyo a la familia de la víctima, organizando marchas y vigilias para exigir justicia. Este es el primer femicidio registrado en Jujuy en 2025, una provincia que se encuentra en emergencia por violencia de género. El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las políticas públicas para prevenir este tipo de crímenes.

El secretario de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, destacó los avances en protocolos y capacitación en género para las fuerzas de seguridad, aunque reconoció que los esfuerzos no han sido suficientes para reducir la tasa de femicidios. La Ley Iara, implementada tras casos previos, ha mejorado la atención a víctimas y la recepción de denuncias, pero la problemática persiste.

La familia de Angelina ha señalado que el crimen fue premeditado y exige justicia inmediata. Este caso pone nuevamente en evidencia la necesidad de medidas más efectivas para combatir la violencia de género y proteger a las víctimas en Argentina.