El Banco Coinag, con sede en Rosario, cerró las cuentas de las empresas Servicios Lindor y Servicios Neurus, vinculadas al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y a su pareja María Florencia Sartirana, tras detectar movimientos financieros considerados sospechosos. Según confirmaron fuentes de la entidad, las cuentas operaron únicamente durante 2025 y fueron reportadas a las autoridades regulatorias, incluyendo el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF), antes de ser cerradas en diciembre de ese año.

La decisión del banco se produjo luego de que ambas empresas recibieran depósitos millonarios, que en conjunto superaron los $10.000 millones, provenientes de transferencias de la AFA y otras sociedades vinculadas. Tras el cierre, los fondos fueron transferidos a cuentas de las mismas empresas en el Banco Credicoop. Coinag aclaró que no es objeto de investigación y que su accionar responde a estrictos controles internos y a la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos.

El episodio se incorporó como un elemento clave en la investigación penal que lleva adelante la fiscalía federal de Santiago del Estero, a cargo de Pedro Simón. El fiscal solicitó la detención de Toviggino y del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, así como la inhibición general de bienes de ambos y de otros 24 acusados, entre familiares y allegados. La acusación sostiene que las empresas investigadas habrían sido utilizadas como fachada para canalizar fondos de la AFA mediante facturación de servicios no prestados y la emisión de facturas entre sociedades para dificultar el rastreo del dinero.

El dictamen fiscal detalla que la AFA transfirió más de $3.633 millones a las cuentas de varias empresas del entorno de Toviggino, y que parte de esos fondos se habrían utilizado para la adquisición de propiedades y bienes a nombre de testaferros. Entre los bienes investigados figura una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares.

El caso ha generado diversas reacciones. Mientras el Banco Coinag insiste en su cumplimiento normativo y en la transparencia de sus procedimientos, fuentes judiciales y del sector futbolístico debaten sobre el trasfondo y las posibles consecuencias de la investigación. Algunos observadores sugieren que el pedido de detención podría buscar unificar causas judiciales, mientras que otros lo interpretan como un avance real en la lucha contra el lavado de dinero en el fútbol argentino. El desarrollo de la causa será clave para determinar el futuro de los implicados y el impacto institucional en la AFA.